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Los agentes sociales discuten la transición hacia el mecanismo RED creado por la reforma laboral

El Gobierno y los agentes sociales abordan desde esta mañana la transición de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) del Covid hacia el llamado mecanismo RED contemplado en la nueva reforma laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recordó que la reforma laboral, que está en vigor desde finales del pasado año, permite que los ERTE puedan volver a activarse ante crisis sectoriales, lo que deja abierta la puerta a que se mantengan las condiciones actuales para el sector turístico. En la mesa tripartita participan los representantes del Gobierno, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme.

El mecanismo RED incorpora medidas de flexibilidad interna que permite a las empresas reducciones de jornada y suspensión de empleo ante crisis cíclicas o sectoriales para evitar despidos.

Los RED cíclicos permitirán que las empresas suspendan a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo. Durante los primeros cuatro meses, las empresas tendrán una exoneración del 60%; entre el quinto y el octavo mes, del 30%, y a partir del noveno, del 20%.

Los RED sectoriales tienen también un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y contemplan un plan de recualificación que permite el paso de sus trabajadores a otra empresa. Para ello, la empresa que los acoja accederá a una bonificación del 50% durante seis meses. En este caso, las exoneraciones serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación.

Durante todo el proceso RED, los trabajadores percibirán el 70% de la base reguladora hasta un máximo del 225% del Iprem.

En lo que respecta a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), los cambios pretenden dar una mayor facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación, especialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con menos de 50 trabajadores.

A cierre de enero, el número de trabajadores protegidos por ERTE vinculados al Covid y procedentes de alguna de las modalidades puestas en marcha durante la pandemia era de 105.043, casi 2.500 trabajadores más que al finalizar 2021. De ellos, un total de 50.294 se encontraban en suspensión parcial y 54.749 en suspensión total.

Los servicios de comida y bebidas (hostelería) son los que más trabajadores tenían en ERTE al finalizar el mes de enero, con 21.184 afectados, seguidos por los servicios de alojamiento (16.307); las agencias de viajes (10.792) y el comercio minorista (9.616).

Junto a los de ERTE a causa de la pandemia, a cierre de enero había otros 11.778 trabajadores que se encuentran en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no relacionadas con la pandemia, frente a los 20.124 que existían al finalizar 2021.

El mecanismo RED incorpora las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE de pandemia.

ERTE por decisiones de los gobiernos

Además de la fuerza mayor clásica, la nueva regulación que introduce la reforma laboral incorpora, como causa específica del ERTE, el impedimento o las limitaciones a la actividad derivadas de decisiones gubernamentales. Estos ERTE requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en el plazo de cinco días, considerándose el silencio administrativo como positivo.

La reducción de jornada de estos procesos será de entre un 10% y un 70% y durante el periodo de vigencia del ERTE, la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras, como en los ERTE ETOP, previa información a los sindicatos y comunicación a la Seguridad Social. Además, mantendrán las garantías en el empleo de los actuales ERTE del Covid.

En ambas modalidades se incorporan varios elementos que proceden de la experiencia obtenida por la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa; de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de los ETOP estas serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de fuerza mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.

FUENTE:  LA RAZÓN