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Reducciones del 50%, aplazamiento de las deudas tributarias y apuesta por el capital extranjero son algunas de las ventajas de la nueva ley.
España cuenta con más de 23.000 start-ups en las que trabajan
150.000 personas, convirtiéndose en la cuarta nación en Europa en este
ecosistema. Además, en 2022 las start-ups españolas alcanzaron los
tres años de vida de media, con una evolución positiva respecto a años
anteriores, según indica el Informe Mapa del Emprendimiento 2022.
La nueva Ley de Start-ups, aprobada en el BOE el 22 de diciembre de
2022, ofrece como cuestión central incentivos fiscales, como destaca la
compañía proveedora de software y contenido jurídico Lefebvre en su Guía
Rápida Aspectos clave de la nueva regulación de las start-ups o
empresas emergentes.
Uno de los principales beneficios fiscales de la nueva ley son las
deducciones de IRPF. La cantidad máxima anual de deducción se ha incrementado
de 60.000 a 100.000 euros, mientras que el porcentaje de deducción se ha
elevado del 30% al 50%, lo que beneficia tanto a los socios fundadores, como a
los inversores privados y a la apuesta por el capital extranjero. No obstante,
para beneficiarse de esta reducción es requisito que los fondos de la empresa
"no superen los 400.000 euros en el inicio del periodo impositivo en el
que el contribuyente adquiere las acciones o participaciones".
Aplazamiento
de deudas tributarias
Otra ventaja es la reducción del tipo impositivo en el Impuesto de
Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Y es que, durante
un máximo de cuatro años desde el primer período en el que la base imponible
resulte positiva hasta los tres siguientes, se pasa del 25% actual al 15%. Por
otro lado, las start-ups pueden aplazar el pago de la deuda tributaria
correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los que la base
imponible del impuesto sea positiva.
“Las start-ups han de estar acreditadas por ENISA, que realiza un
control previo. No son solo entidades de nueva creación, sino un novedoso
concepto de empresa innovadora que desarrolla nuevos productos o modelos de
negocio en el mercado”, señala Jaime Aneiros, uno de los autores de
la guía de Lefebvre y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Vigo.
Más allá de las novedades fiscales, la ley pretende que “nazcan start-ups de las universidades, por lo que se contempla a la propia start-up como herramienta pedagógica para los estudiantes, con una duración limitada que no podrá exceder los dos cursos escolares y que estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil u otra garantía”. Otro de los aspectos claves de la nueva ley es la importancia de acelerar el proceso burocrático de creación de start-ups: “una de las principales críticas al ecosistema español es que es lento. La ley trata de luchar contra ello y otorga facilidades como la solicitud de licencias temporales en caso de que se opere en sectores regulares, sin necesidad de esperar todo el proceso administrativo”, añade Aneiros.
