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El pasado 14 de marzo, se celebró en el Auditorio de las Torres Trade de Barcelona la Jornada profesional, organizada por la Fundación ADADE con la colaboración de E-Conuslting Trade, en la que se contó con ponentes de altísimo nivel que analizaron tres temas de pujante actualidad.

Al inicio del acto, D. Ferran Butxaca, CEO de E-consulting Trade, dio la bienvenida a todos los asistentes y se encargó de presentar a cada uno de los ponentes.

Intervino en primer lugar D. Antonio Benavides, abogado, profesor universitario y ex inspector trabajo, para analizar la reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos (RETA). Benavides destacó que uno de los objetivos principales de la reforma ha sido corregir la situación anómala que se vivía en España, en la que un 80% de los trabajadores autónomos cotizaban por la base mínima con la consiguiente disminución de su pensión de jubilación. También puso de manifiesto la provisionalidad del sistema actual, por dos motivos. Uno intrínseco, ya que el nuevo régimen de cotización se asemeja al régimen de pagos a cuenta del IRPF, con lo que todas las cotizaciones efectuadas son provisionales hasta su regularización el ejercicio siguiente. Otro, extrínseco, motivado por la transitoriedad del sistema actual de cotización por tramos, que va a ir desplegando sus efectos hasta el año 2032, fecha en la que está previsto que se pase a un sistema de cotización totalmente determinado por los ingresos sin bases mínimas ni máximas.

El ponente también destacó el hecho de que las tablas de cotización del RETA solamente están aprobadas para los tres próximos años, por lo que a partir del año 2026 se pueden ver incrementos importantes en las cuotas. Y finalmente, a preguntas de los asistentes, aclaró dudas sobre el propio concepto de rendimiento, el modo de computarlo o la desaparición de la posibilidad de cotizar por una base superior a los propios ingresos para obtener una pensión mayor en el futuro.

A continuación, realizó su presentación Dña. Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona, quien expuso a los presentes la nueva regulación del concurso de microempresas. La magistrada explicó qué empresas pueden acogerse a este régimen concursal que tiene la particularidad de desarrollarse de forma totalmente telemática, sin presencialidad ni tan siquiera en el caso de las comparecencias o vistas judiciales, que se desarrollan de forma remota. También puso de manifiesto que, pese a ser una norma novedosa y muy enfocada al futuro y a cumplir con las directivas procedentes de la UE, lamentablemente está teniendo un despliegue deficiente debido a los no pocos problemas técnicos que se está encontrando: falta de adaptación técnica de los propios Juzgados, incompatibilidad entre las plataformas de las distintas comunidades autónomas, insuficiente funcionamiento de la plataforma de liquidación automática prevista, etc.

De Izda. a Dcha., Dña. Yolanda Ríos y D. Ferran Butxaca

La ponente también explicó a los presentes qué soluciones están dando los Juzgados de lo Mercantil a las distintas dificultades que se les iban planteando, y aconsejó que todo el que pretenda presentar un concurso lo haga acompañado de un buen asesor, puesto que en algunos casos la información incorrecta contenida en la documentación del concurso – incluso si el error es involuntario – puede dar lugar a la declaración de culpabilidad del procedimiento y con ello a graves responsabilidades.

Seguidamente, intervino para hacer su exposición el Jefe de Equipo Regional de la Inspección en la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña, D. José Manuel Lizanda. El tema que desarrolló fue qué obligaciones fiscales mantienen las empresas inactivas que no han sido disueltas, obligaciones que en muchos casos se olvidan por parte de los administradores sociales que dan “por muerta” a una sociedad que no lo está, convirtiéndola en un “zombi”. Lizanda destacó como, hace años, la AEAT ha emprendido una campaña para depurar el censo de este tipo de sociedades, puesto que su mera existencia acapara recursos de gestión e inspección que podrían destinarse a otros usos.

El ponente recordó a los asistentes que las sociedades inactivas mantienen los deberes, entre otros, de presentar anualmente el Impuesto de Sociedades y las Cuentas Anuales y que la falta de presentación puede dar lugar a sanciones incluso a los administradores sociales y, cuando se repite en el tiempo, puede conllevar la revocación del NIF y el cierre de la hoja registral. En la práctica, ello significa que la sociedad y los activos que pueda tener (bienes inmuebles, cuentas bancarias, etc.) quedan congelados, sin poder disponer de ellos ni los socios ni los administradores, con los consiguientes inconvenientes.

Además, recordó que este tipo de sociedades han sido y son objeto del Plan de Inspección Tributaria, lo que implica que tienen una probabilidad mayor de ser inspeccionadas por la Agencia Tributaria, la cual en caso de encontrar hechos susceptibles de ser sancionados puede aplicar una serie de sanciones pecuniarias que afecten también al patrimonio de los administradores. Y lo mismo ocurre con las obligaciones en materia de registro, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de hasta 60.000 euros.

Por todo ello, el ponente recomendó a los presentes que abandonen la práctica que tanto se había seguido de dejar sociedades inactivas sine die, procediendo a la liquidación de las mismas, bien por la vía de liquidación y disolución notarial o bien por la vía del concurso cuando la sociedad tenga deudas de las que no puede hacerse cargo. 

De Izda. a Dcha., D. José Manuel Lizanda; D. Ramón M.ª Calduch; y D. Ferran Butxaca

Finalmente, concluyó el acto con la intervención de D. Ramon Maria Calduch, Presidente de la Fundación Adade, el cual hizo una reflexión acerca de todas las ponencias para destacar cómo hemos de adaptarnos a los importantísimos cambios laborales, concursales y fiscales que estamos viviendo y la necesidad de contar con buenos asesores, formados e informados, para acompañar a las empresas y los empresarios en todo este proceso que implica abandonar viejas prácticas muy consolidadas y adoptar nuevos comportamientos de acuerdo con las normas y regulación vigentes.