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El texto huye de utilizar el término denunciante y lo sustituye por "informante".

El debate sobre el tiempo de trabajo no es nuevo de esta legislatura ni mucho menos. La primera ministra de Trabajo de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, ya sacó adelante la polémica ley que obligó a todas las empresas a registrar diariamente el horario de sus trabajadores para poder controlar la realización de horas extras, y su sucesora y actual vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz inició la elaboración de una ley de usos del tiempo, a la vez que el Gobierno aprobaba también en la legislatura pasada un proyecto piloto sobre la semana de cuatro días. Junto a ello, la propia Díaz ha llevado a gala el refuerzo del brazo sancionador del mercado laboral: la Inspección de Trabajo, que durante la pasada legislatura intensificó su actividad en varios frentes. Uno de ellos fue el tiempo de trabajo y las horas extras, donde el pasado año volvieron a aumentar las actuaciones de estos inspectores y las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.

En concreto, la Inspección de Trabajo –que depende de Yolanda Díaz– incrementó el pasado año su número de actuaciones en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias casi un 9% respecto a 2022, superando las 35.500 intervenciones en 2023, según las cifras provisionales a las que ha accedido este periódico. No obstante, la utilización de la inteligencia artificial y, en concreto, el denominado algoritmo MAX, entre otras cosas, ha servido para optimizar dichas actuaciones, y concentrar las acciones inspectoras en empresas donde ya previamente se sospecha el abuso horario, explican fuentes de Trabajo.

Esto ha permitido incrementar sustancialmente las infracciones detectadas, que se dispararon el pasado ejercicio un 45% hasta sumar 14.292. Los inspectores impusieron sanciones por estas faltas por valor de algo más de 15 millones de euros a las empresas infractoras, a las que también extendieron 9.226 requerimientos, casi un 12% más que el año anterior. También ha aumentado sustancialmente, un 31%, el número de trabajadores afectados por incumplimientos en materia de tiempo de trabajo y horas extras, pasando de 112.884 en 2022 a 147.861 en 2023.

Así, aunque el debate y el foco del Gobierno en el tiempo de trabajo viene de lejos, no ha sido hasta ahora que sindicatos y empresarios se han puesto manos a la obra para intentar negociar cómo recortar la jornada laboral máxima de 40 horas semanales a 38,5 horas en este 2024 y a 37,5 horas el próximo año, tal y como pactaron el PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno de coalición. Esta negociación, seguida de cerca por el Ministerio de Trabajo, abordará no solo el recorte de la jornada sino otras cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo, que serán clave, para allanar un posible acuerdo, según coinciden todos los negociadores.

Precisamente, entre estos asuntos que patronal y sindicatos han puesto encima de la mesa está el de la regulación de las horas extraordinarias. En España a la jornada ordinaria –40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual– pueden sumarse horas extraordinarias siempre no superen un máximo de 80 al año. Si bien no computan para alcanzar este límite las horas extras que se compensan por tiempo de trabajo en lugar de retribuirse con dinero. El Estatuto de los Trabajadores estipula que “mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido”. En el último trimestre de 2023 se realizaron 6,34 millones de horas extras a la semana, de las cuales el 39% no se pagaron, según la encuesta de población activa (EPA).

El pago de estas horas extras podría ser una de las cuestiones que se han incluido en las negociaciones sobre el recorte de jornada, según indicaron los representantes sindicales tras el último encuentro tripartito que tuvieron con el Ministerio de Trabajo Y, en concreto, la posibilidad de que se paguen más –como aconseja la Carta Social Europea– sería una de las opciones que defenderán los sindicatos. Esta demanda ya ha sido lanzada antes de empezar a negociarse el recorte de jornada por parte del sindicato UGT, que en enero pasado presentó una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que las horas extras se retribuyan un 25% más que las ordinarias, ya que la ley actual solo prevé que se paguen como mínimo igual que estas últimas.

Se trataría de emular lo que ya existe en otros países europeos ya que, según los datos recopilados por esta central, un buen número de Estados de la UE llegan a pagar las horas extras hasta un 50% más que las ordinarias.

Fuente: Cinco Días