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Durante todo el periodo presupuestario 2014-2020 de la Unión Europea, algunos desafíos de nuestro tiempo han condicionado fuertemente a un número importante de países miembros, ubicados especialmente en el sur del continente; entre ellos, emerge como prioritario el problema de la inmigración incontrolada, verdadera llaga humanitaria, económica y social. Para enfrentarla, algunos países recurrieron a medidas sin duda discutibles y, a veces, claramente no respetuosas con los Derechos Humanos fundamentales. El nuevo presupuesto 2021-2027 pone como conditio sine qua non el “cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho y la solidaridad relacionada con la crisis migratoria”. Esta medida se dirige, claramente, a países como Polonia y Hungría, desde hace tiempo en el centro de la polémica en torno a su gestión de la crisis migratoria. Este “respeto del Estado de Derecho” se refleja también en un mayor número de garantías de buena gestión exigidas en los fondos y en la lucha contra la corrupción en los mismos, que Bruselas insiste en incluir en las conditionalities del nuevo presupuesto.

Este conjunto de novedades puede ser la chispa en el polvorín de la Unión Europea, ya que el Este, destino tradicional de las políticas de cohesión en la última década, puede sufrir un grave quebranto por el desplazamiento de estos fondos hacia los países mediterráneos, como Italia, Grecia y España, golpeados por la crisis migratoria, hecho que por supuesto no dejará indiferente a algunos estados  como Rumania, Eslovaquia, República Checa, Hungría o Polonia, que si bien no son tan poderosos como los grandes países del occidente europeo, tienen un peso indiscutible en la Unión. Estos Estados ya se han enfrentado a la UE en temas de acogida y repartición de migrantes y refugiados, y no dudarán en dar la batalla de nuevo, de hecho algunos de sus representantes ya han expresado su decepción ante el escenario que se avecina, por lo que lo más probable es que pleiteen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea basándose, entre otras cosas, en que la “supuesta” falta de respeto a los Derechos Humanos fundamentales, solo ha sido acreditada por las comisiones propuestas desde Bruselas. La lucha está servida.