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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está estudiando adoptar medidas para evitar el mal encuadramiento de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando deben estar en el Régimen General, es decir, el uso de los llamados 'falsos autónomos'.
Así lo comentó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en la rueda de prensa para exponer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre en el que el desempleo bajó en 1.836 personas y la ocupación descendió en 47.449 personas.
Granado indicó que casi 14.000 trabajadores de las industrias cárnicas pasarán de ser 'falsos autónomos' a trabajadores asalariados en el Régimen General y para evitar estos casos basados en "picaresca fiscal" se están estudiando un conjunto de medidas.
El secretario de Estado señaló que la ley sobre infracciones no contempla como delito el mal encuadramiento de trabajadores, "lo cual, nos dificulta mucho la persecución de esa actividad".
Granado se quejó de que "como la administración anterior toleró el que esos trabajadores estuvieran mal encuadrados, ahora la Inspección pide cuatro años de cotizaciones atrasadas, y tenemos un volumen de actas que van alrededor de los 240 millones de euros". En esta situación, afirmó que las empresas están "aterrorizadas" porque la Inspección les exige la cotización como asalariados.
Además, explicó que se está desarrollando un protocolo de vigilancia de estos casos.
Respecto al acuerdo con las organizaciones de autónomos sobre la cotización el próximo año, Granado destacó que ese pacto "está completo a falta de un fleco", que es una escala de transición en el sistema especial de autónomos agrarios. Señaló que se va a trasladar una propuesta al respecto en el día de hoy.
Mientras, en el ámbito del diálogo social, apuntó que los sindicatos han manifestado preocupación por el hecho de que la base mínima de los autónomos sea inferior a la del resto de trabajadores y eso pueda generar un trasvase de empleados del Régimen General al de autónomos para reducir cotizaciones sociales.
FUENTE: EL ECONOMISTA
