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El próximo 14 de septiembre entrará en vigor en España la norma contra el fraude y el uso de información sensible en los pagos digitales. La transposición de esta directiva PSD2 en España se realizó a finales del 2018 a través del Real Decreto Ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
El principal objetivo de esta norma es adecuar los servicios de pago a la nueva era digital en toda Europa, coordinando los requisitos a través de los que prestan sus servicios los proveedores de servicios de pago en toda la UE.
La directiva PSD2, entre otros aspectos permite la apertura a terceras empresas de los datos bancarios de los clientes. De esta manera, el cliente puede autorizar que otras entidades puedan consultar sus datos, efectuar pagos a través de su cuenta bancaria u ofrecerle servicios financieros personalizados, la norma obligará a las entidades bancarias a realizar el “open banking”, es decir, a ofrecer medios técnicos de software a terceros, como el caso de las tiendas online, para que puedan acceder a los datos de pago de sus clientes, pudiendo a partir de ahora, emitir pagos y realizar el cobro directamente a través de la API (protocolo informático o especificación formal sobre cómo el módulo de un software se comunica con otro) facilitada por la entidad bancaria. Es decir, los clientes podrán realizar transferencias bancarias, en lugar de pagar con tarjeta. Agilizando así los pagos.
Sin embargo, este nuevo sistema de pagos también puede poner en riesgo las compras online ya que el emisor del pago está obligado a comprobar la identidad del usuario y para ello se establece un sistema de seguridad con el fin de controlar quién y cuándo accede a dicha información llamado Autentificación Reforzada de Cliente (ARC) o SCA, por sus siglas en inglés, en cada una de las transacciones que realice.
Según algunos expertos, uno de los puntos débiles que se hace a la directiva PSD2 es que prohíbe que el ordenante exija el pago de gastos adicionales por el uso de cualquier método de pago. Y esto ha comenzado a exigirse en nuestro país a finales de febrero de 2019. La nueva normativa de servicios de pago también contempla derechos a los consumidores, cuando entre en vigor, estará prohibido realizar cargos adicionales en los pagos con tarjetas de débito o de crédito.
Según el estudio publicado por Stripe, en junio pasado, tres de cada cinco comercios de menos de 100 empleados (Pymes) no conocían la regulación que se avecina y el 44% de los encuestados contestó que esperará a que la norma entre en vigor para tomar medidas y adaptarse al sistema de doble autentificación.
FUENTE: ADADE CENTRAL
