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Los peores efectos serán dinámicos y a largo plazo.

Hasta ahora del Brexit hemos percibido los efectos políticos, es decir, el hecho de que desde febrero de 2020 el Reino Unido ya no es formalmente miembro de la UE. Sus efectos económicos se sentirán sólo a partir del 1 de enero de 2021, cuando termine el período transitorio durante el cual se suponía que se iba a firmar un acuerdo de relación económica definitiva. Las negociaciones, sin embargo, no pueden ir peor y, si no hay avances importantes en las próximas semanas, a la crisis del coronavirus se le sumará en enero un Brexit caótico que dañará a las economías europea y británica (a esta última en mayor medida).

¿Cuáles serían las implicaciones para España de un Brexit económico sin acuerdo? Desde el punto de vista comercial, supondría pasar a un régimen básico no preferencial, con cuotas, aranceles, control de reglas de origen e inspección en frontera. Esto sería especialmente grave para el sector agroalimentario, generalmente sujeto a altos aranceles y para el que el Reino Unido es un importante cliente de productos de alta calidad (no fácilmente sustituible). El gobierno británico ya ha publicado su arancel aplicable a partir de 2021, y ha insistido en que, para evitar problemas de abastecimiento, durante los primeros meses está dispuesto a relajar las inspecciones y posponer el momento del pago de aranceles, pero no su devengo. La inevitable congestión en frontera, que se prolongará durante meses, sería muy negativa para el sector de perecederos, al igual que para otros sectores muy dependientes de un tráfico fluido en frontera, como el del automóvil o el farmacéutico. El sector pesquero español perdería acceso a los caladeros británicos, con un elevado coste para algunas regiones, mientras los británicos verían dificultada la comercialización en Europa de sus capturas.

En materia de servicios financieros, al igual que las entidades británicas perderán el pasaporte europeo y no podrán prestar servicios directamente desde el Reino Unido, tampoco podrán, a la inversa, las españolas. Aunque la mayoría de éstas opera en el Reino Unido a través de filial, la crisis británica debilitará sus ya maltrechos balances. Similares problemas tendrán los servicios empresariales y profesionales, dificultados además por el fin del reconocimiento de titulaciones profesionales o las restricciones a visados de negocios de corta duración. En el ámbito del transporte aéreo, la Comisión ya ha dejado claro que la estructura accionarial de IAG-Iberia no será suficiente para operar normalmente en el mercado europeo, y se requerirá una modificación de la propiedad y control (en pleno debate sobre el rescate de Air Europa y su posible venta).

En el ámbito del turismo, aunque existe un cierto margen para acuerdos bilaterales (por ejemplo en Seguridad Social para residentes), será difícil que los británicos puedan disfrutar como antes de sus vacaciones en España, dadas las limitaciones de los visados Schengen y las previsibles complicaciones en ámbitos de la vida cotidiana como los permisos de conducir, los seguros de viaje y automovilísticos, el traslado de mascotas o el incremento de los costes de «roaming» en telefonía móvil. Como en otros ámbitos de la vida, muchos británicos sólo se darán cuenta de las ventajas de pertenecer a la UE cuando las pierdan.

Conviene destacar que los efectos sobre los servicios se producirán incluso aunque exista un acuerdo comercial, si éste es muy básico. Los costes del Brexit, en cualquier caso, no deben medirse sólo en términos de caída del PIB a corto plazo: de cualquier crisis se termina saliendo. Los peores efectos del Brexit serán, fundamentalmente, dinámicos y a largo plazo. Las decisiones de inversión, la reubicación de empresas o de capital humano, la reasignación de cadenas de valor, la búsqueda de mercados alternativos o la pérdida de peso geopolítico nunca suceden de la noche a la mañana. La decadencia es siempre un proceso lento. La UE y el Reino Unido son dos grandes buques paralelos que de pronto van a desviar su rumbo y sólo al cabo de unos años se percibirá el coste real de este progresivo distanciamiento para el que España debe estar preparada.

FUENTE: ABC