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Piden destinar el fondo a recapitalizar a autónomos que tiran de ahorros.

Los ingresos deben haber caído un 30% en 2020 respecto a 2019.

Las duras exigencias impuestas por el Gobierno para la concesión a los autónomos de las ayudas previstas en el paquete de 7.000 millones de euros aprobado a finales del pasado mes de abril harán que sea altamente complicado repartir el 100% de la dotación entre los afectados. Concretamente, el colectivo teme que hasta un 40% del paquete se quede sin destino y vuelva a las arcas de Hacienda, casi 3.000 millones de euros, por la falta de beneficiarios que no podrán solicitarla al no cumplir unos requisitos que las asociaciones pidieron al Ministerio de Economía flexibilizar al máximo durante la fase de aprobación del decreto.

Ahora, con el pliego de condiciones encima de la mesa, el retraso casi dos meses que ya suma la concesión de las ayudas y la mejora paulatina de los negocios, sobre todo los más afectados asociados al sector turístico, por el repliegue de las restricciones a la actividad comercial y a la movilidad hará que para cuando se quieran comenzar a conceder muchos de los autónomos que eran eventuales beneficiarios en el momento de la negociación con el Gobierno, ya no puedan acceder a las prestaciones pese a mantenerse las dificultades financieras arrastradas durante los meses anteriores.

Concretamente, desde la asociación representante del colectivo, UPTA, el 40% de los 7.000 millones de euros aprobados por el Gobierno en ayudas directas a autónomos y empresas se quedarán sin repartir por las "exigentes condiciones" para acceder a los fondos. "Miles de trabajadores autónomos no cumplirán con los requisitos necesarios, y se perderá la oportunidad de recuperar la economía de miles de actividades que han tenido que capear en solitario la crisis económica durante los últimos catorce meses", denuncian.

La organización recuerda que este fondo de ayudas está diseñado para recuperar cuanto antes la inversión realizada por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del ICO, por el cual han sido concedidos miles de pequeños créditos con aval público. Para UPTA, es necesario establecer un sistema compensatorio para todos los autónomos que han hecho frente a la crisis económica con recursos propios y que cumplen los criterios de pérdida de facturación que se han establecido en las ayudas publicadas. "Es una discriminación injustificada que aquellos que han reinvertido sus ahorros en salvar su negocio, no puedan acogerse a esta ayuda. Miles de ellos se han gastado hasta el último euro", ha criticado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

La organización aboga por crear una línea especial con los fondos económicos que prevé que no se distribuyan (2.800 millones) para recapitalizar los patrimonios económicos de los propietarios que han realizado el esfuerzo necesario para que ningún proveedor se quedase sin cobrar las facturas pendientes o para estar al corriente de pago con sus empleados. "Sería incomprensible que en caso de que se cumpliesen las previsiones que hemos realizado, no se pusiesen los fondos económicos sobrantes a disposición de estos autónomos", apunta UPTA.

¿Cuáles son los requisitos?

El nuevo texto deja claros los requisitos que han de cumplir autónomos y empresas para optar a estas ayudas: que el volumen de ingresos declarados en el IVA o tributo equivalente haya caído más de un 30% en 2020 comparado con 2019; no tener la residencia de la empresa en un paraíso fiscal; no haber parado la actividad en el momento de la solicitud y mantenerla al menos hasta junio de 2022; no estar en concurso de acreedores; no repartir dividendos ni aumentar el salario de los directivos durante dos años; estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la administración tributaria. Y además, incluye un nuevo supuesto: las comunidades podrán incluir a determinadas empresas o autónomos "atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 debidamente justificadas". O lo que es lo mismo, se amplía el abanico de pérdidas a 2019, aunque solo en determinados casos excepcionales.

FUENTE: EL ECONOMISTA