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El próximo 1 de enero de 2023 entra en vigor el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables en el sistema tributario español, introducido por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

A raíz de la pronta entrada en vigor de la ley, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) analiza el impuesto y denuncia su abusiva expansión. Concretamente, la asociación denuncia que:

1. La Ley no afecta solo a envases, sino que también a todo tipo de embalajes que envuelven cualquier tipo de producto. Además, no hay constancia de que otros países graven el plástico contenido en el propio embalaje.
2. La Ley no afecta solamente a fabricantes, sino que también a cualquiera que importe o adquiera bienes intracomunitarios. Tal expansión del impuesto no puede ni siquiera plantearse sin un marco regulatorio internacional que respalde jurídicamente la solicitud de información sobre productos y embalajes de plástico.
3. La Ley establece un límite exento muy bajo, 5 kg/mes.
4. La Ley no excluye aquellos casos en los que los envases o embalajes estén hechos parcialmente de materiales reciclados.
5. La Ley impone algunas obligaciones formales que son muy difíciles o imposibles de cumplir, sobre todo para los compradores/importadores. Por ejemplo, “certificar” el origen y la cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición/importación.
6. La Ley introduce un sistema de estimación directa del impuesto por kg. de plástico fabricado o comprado. Esta medida, para los que no son fabricantes de envases de plástica, resulta una obligación prácticamente imposible de cumplir.

En definitiva, la AEDAF afirma que se trata de un impuesto de gestión prácticamente imposible de conseguir. Los costes totales de la gestión administrativa que implica el impuesto excederían en la gran parte de los casos la cantidad recaudada por la Administración Tributaria.

Aún la Adminstración Tributaria, siendo consciente de la dificultad de cumplir con el impuesto, siguen adelante con su entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2023.

También por la dificultad que el impuesto conlleva, muchas empresas no han sido capaces de adaptar sus sistemas para procesar toda la información, ni cuentan con la capacidad necesaria para exigir la información a sus proveedores extranjeros o certificar el origen del plástico por cada adquisición de producto.

A esto se le añade el problema de la no existencia de un Reglamento y de calidad normativa. 

FUENTE ADADE CENTRAL