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El coste para el Estado asciende a más de 1.500 millones, la mayor parte en forma de reducción de cotizaciones.
El Gobierno ultima en estos días el paquete de medidas que formarán
parte de las políticas activas de empleo en el próximo año.
Aunque se trata de un punto que históricamente ha sido objeto de juicio y de
análisis por las dudas sobre la efectividad de esta actuación arrogada al
Ministerio de Trabajo, podría tornarse en una medida fundamental para sostener
los históricos niveles de ocupación que ha alcanzado España en el presente
ejercicio. Más aún, ante la expectativa de un enfriamiento de la economía que
podría culminar en una recesión entre el último trimestre de 2022 y el primero
de 2023. De hecho, este menor dinamismo de la actividad ya se está dejando ver
en las cifras del mercado laboral. El pasado mes de noviembre fue el peor
de los últimos tres años para la creación de empleo, llegando a destruirse
casi 3.000 puestos de trabajo por cuenta propia.
El escenario es adverso, y aunque la reforma laboral ha cambiado por
completo el mapa de la contratación en España, con una
presencia cada vez menor de la histórica temporalidad que caracteriza a las
relaciones laborales entre empresa y trabajadores, el nivel agregado de las
nuevas firmas se desplomó el pasado mes de noviembre en un 30%.
Con esta coyuntura y las previsiones de empeoramiento en los próximos
meses, las bonificaciones a la contratación que cada año despliega el Gobierno
para incentivar la incorporación al mercado laboral de ciertos
perfiles profesionales adquiere una importancia vital. Concretamente, el
anteproyecto de ley, que ya se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria
y se encuentra en periodo de enmiendas, recoge cómo el Ministerio de
Trabajo y Economía social subvencionará hasta 20 tipos de contratación
el próximo año. En la mayoría de casos en forma de reducción del pago de
cotización a la Seguridad Social (con cargo al presupuesto de gastos del SEPE).
En su conjunto, el Ejecutivo calcula que el coste para las arcas públicas de esta actuación asciende a 1.821 millones de euros (con datos de 2020). Y es precisamente la razón del coste de esta política la que ha hecho señalar a diferentes organismos independientes las deficiencias sobre el diseño de estas bonificaciones en los contratos laborales, su escasa eficacia en el objetivo de fomentar la creación de puestos de trabajo estables, además de una urgente necesidad de que se pongan de parte de la Administración las herramientas precisas para poder evaluar su impacto.
FUENTE: ABC
