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El peor enemigo de la empresa no son los sindicatos sino los bancos y la morosidad. Estas palabras que, a modo de reflexión, me glosaba hace unos años un destacado dirigente empresarial en el ámbito de las manufacturas, cobran nuevamente hoy todo su sentido a la luz de los últimos datos avanzados por Cepyme, que muestran cómo el año 2015 cerró con un nuevo aumento de los retrasos en los pagos que padecen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, con un incremento del 2,8% del crédito comercial en mora y un coste financiero de la morosidad de mil millones de euros, o lo que es lo mismo, el 0,1% del PIB.

Y ello a pesar de una Ley de Morosidad y una Directiva Europea que se incumplen sistemáticamente y sin escrúpulos hasta el punto de que el plazo medio de pago de las facturas se sitúa en 79,7 días, superando ampliamente los 30 días del plazo legal establecido.

Un violación de ley en la que incurren también las Administraciones, que deberían ser las primeras en cumplir y hacer cumplir, y que se ha convertido en el deporte favorito de las grandes empresas, especialmente las que cotizan en el Ibex, quienes abusando de su posición dominante tardan hasta 124 días de media en pagar sus facturas a las pymes, convirtiendo la morosidad en una técnica financiera de flujo de caja fraudulenta.

Peligro de cierre
Pero, no sólo es Cepyme, el reciente Informe Europeo de Pagos de Intrum Justitia muestra que el 52% de las pymes españolas está en peligro de cierre por no cobrar a tiempo, mientras que tres de cada diez aseguran que podrían contratar más empleados sin retrasos en los pagos.

Es decir, que la morosidad es hoy la primera causa de cierre empresarial y está frenando la creación de empleo en un país con cuatro millones de parados. Revelador.

Y frente a esto, tanto Cepyme como las organizaciones representativas de los autónomos, ATA y UPTA, vienen exigiendo a los gobiernos y a los partidos políticos que pongan en marcha, de una vez por todas, un régimen sancionador para las empresas que incumplan de forma reiterada con sus proveedores.

Código de sanciones
Un código de sanciones que debería acompañarse de un recargo automático del 20% cuando se superen los plazos de pago legales, la creación de un cuerpo de inspección que vigile la morosidad y la habilitación de un buzón anónimo donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago sin temor a represalias.

Son propuestas avaladas por la justicia y la razón pero que, en el caso de Cepyme, tienen el enemigo en casa y duermen con él. Porque son precisamente sus hermanos mayores en CEOE quienes incumplen reiteradamente y les maltratan, por lo que cualquier reivindicación en este sentido está condenada a permanecer en el ámbito de lo testimonial y sin futuro, al menos por lo que a la patronal concierne, donde el principio de que quien paga manda es norma consuetudinaria.

Y algo parecido ocurre en la financiación, donde el stock de crédito a las pymes volvió a registrar tasas negativas del 4,5% en el último trimestre de 2015. Pero esa es otra historia a la que volveremos otro día.


FUENTE: EL ECONOMISTA