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Las compañías del país esperan que este año se apruebe mucha regulación laboral nueva.

Pese a que no quedan grandes reformas pendientes para esta legislatura, como la laboral o de pensiones que vieron la luz en la anterior, sí quedan normas por aprobar que tendrán un impacto directo en el funcionamiento, las obligaciones y los costes de las empresas españolas.

Está pendiente la reducción de la jornada máxima, que este año debería pasar ya de 40 a 38,5 horas, antes de llegar en 2025 a las 37,5 horas en que quieren estabilizarla. Este recorte de jornada manteniendo el sueldo implica un incremento automático de los costes de las empresas, a menos que logren la fórmula para que sus trabajadores sean de pronto mucho más productivos (produzcan lo mismo o más en menos tiempo).

También elevará los costes, aunque en pequeña cuantía, la cotización obligatoria para los becarios que ha entrado en vigor este año y por la que todos los que hagan prácticas no laborales en las empresas deberán estar dados de alta en la Seguridad Social -las cotizaciones están bonificadas en un 95%-. El Ejecutivo, además, tiene pendiente aprobar el Estatuto del Becario que quedó pendiente antes de las elecciones, por el que se limitará el tiempo máximo permitido de prácticas y se estipula la obligación de abonar una compensación por gastos a los becarios, entre otras medidas.

El permiso parental por cuidado del menor de hasta ocho años de 8 semanas también tendrá impacto en las empresas, a pesar de que la Seguridad Social abone el importe de 4 semanas, ya que las compañías tendrán que prescindir de los trabajadores que lo soliciten durante ese periodo; y lo mismo ocurrirá con el incremento a 20 semanas de las bajas por maternidad y paternidad, ya que los trabajadores que tengan hijos se ausentarán por más tiempo de su puesto de trabajo.

Este mes el Ejecutivo tiene intención también de trasponer la directiva europea de condiciones de trabajo, según confirmó este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, que lleva pendiente desde agosto de 2022. La norma estipulará obligaciones a las empresas sobre la antelación con la que deben conocer los empleados los días en los que tienen que trabajar, la jornada de trabajo o la realización de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial entre otros.

A partir de marzo de 2024, todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen que tener aprobado también un protocolo para garantizar la igualdad efectiva y la garantía de derechos del colectivo LGTBI, aunque por ahora desconocen cómo tienen que hacerlo. Para aclararlo está pendiente que el Gobierno apruebe un desarrollo reglamentario.

La regulación del despido será otro de los temas candentes de la legislatura, aunque no es descartable que el Ejecutivo espere a que el Comité Europeo de Derechos Sociales emita resolución a raíz de la reclamación colectiva presentada por UGT -a la que se sumó después CCOO- sobre la insuficiencia de la indemnización por despido en nuestro país. En caso de modificación, será de especial interés para las empresas.

También está sobre la mesa la reforma de la normativa sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo y sobre el procedimiento de descuelgue de los convenios colectivos, que el Gobierno quiere permitir únicamente en caso de que la viabilidad de la empresa esté en juego.

Por su parte, la ley orgánica de representación paritaria y presencia de mujeres y hombres, en tramitación parlamentaria, también incidirá en la organización de las empresas.

Fuente: El Mundo